Unos 4.000 reos podrán pedir su libertad con el cambio del Código Procesal Penal

País 11 de julio de 2019 Por
La eventual modificación del Art. 245 del Código Procesal Penal -que habla sobre la aplicación de medidas alternativas a la prisión preventiva- acarrearía una serie de desafíos, entre ellos la posibilidad de que 4.000 personas que hoy están privadas de su libertad soliciten de forma inmediata salir de prisión. Esta cifra representa cerca del 25% de la población penitenciaria.

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Miles de personas actualmente cumplen prisión preventiva en las distintas cárceles del país. Foto: archivo / EFE.

En la jornada de ayer, la Cámara de Diputados aprobó con modificaciones el proyecto de ley que modifica el Artículo 245 de la Ley N° 1286/1998 “Código Procesal Penal”.

El citado artículo de la norma establece que “siempre que el peligro de fuga o de obstrucción pueda ser evitado por la aplicación de otra medida menos gravosa para la libertad del imputado, el juez, de oficio, preferirá imponerle en lugar de la prisión preventiva otras alternativas” como son: el arresto domiciliario, la vigilancia permanente, la comparecencia regular ante un magistrado, la prohibición de salida del país, entre otras.

La eventual modificación de este apartado permitiría -entre otras cosas- dejar sin efecto la disposición que establece que las personas imputadas por la comisión de hechos punibles catalogados como crímenes (con penas privativas de libertad superiores a los 5 años) no pueden acceder a medidas alternativas a la prisión.

El abogado Enrique Kronawetter, representante del Ejecutivo en la Comisión Nacional para el Estudio de la Reforma del Sistema Penal y Penitenciario, en entrevista con la 970 AM habló sobre este tema y sostuvo que al no aplicarse la prisión preventiva se respeta la presunción de inocencia del imputado, sobre todo considerando que uno es inocente hasta que exista una sentencia condenatoria.

El mismo recordó que el Art. 245 del Código Procesal Penal había sufrido dos modificaciones. La primera se llevó a cabo en el año 2004 cuando se estableció que en los casos de hechos punibles que “atenten contra la vida o la integridad física y que sean considerados como crímenes” no se podían conceder medidas alternativas ni sustitutivas a la prisión. La segunda fue en el año 2011 cuando se estableció que el “catálogo” de hechos punibles que prohibían conceder este tipo de beneficios abarcaba no solamente a los crímenes contra la vida o la integridad física sino a todos los crímenes en general.

A su criterio, cuando se habla de medidas alternativas o sustitutivas a la prisión preventiva tienen que estar dadas las condiciones para que el juez pueda decretar dicha disposición y recién después de ahí evaluar si impone esa o alguna otra medida al imputado.

El proyecto aprobado ayer en Diputados permite volver al texto original de la Ley 1286/98 y, por consiguiente, suprime el catálogo de delitos que no se configuran para aplicar medidas alternativas a la prisión, recordó Kronawetter.

En caso de que finalmente sea promulgado el proyecto de ley por parte del Ejecutivo, el abogado considerado que podrían presentarse una serie de desafíos en material penal y judicial. Uno de ellos -y quizás el más importante- sería la cantidad de personas que eventualmente pedirían salir en libertad de forma inmediata.

Según Kronawetter, existe una gran cantidad de presos que ya cumplieron con la pena mínima y que ya deberían salir en libertad en caso de aplicarse la modificación de la ley. Según estimaciones, serían alrededor de 4.000 las personas que se encuentran en esta situación.

Según datos del Ministerio de Justicia, en la actualidad existen cerca de 17.000 personas privadas de libertad en las distintas cárceles del país, por lo que esta cifra representa casi el 25% de la población penitenciaria.

Otro de los desafíos que sobrevendrían con esta medida es la gran cantidad de audiencias de revisión que tendrían que llevarse a cabo para analizar los casos de personas privadas de libertad que pidan salir de prisión, lo cual -a su criterio- sería imposible por la sobrecarga de trabajo de los jueces.

La modificación del Código Procesal Penal también acarreará una importante inversión presupuestaria -indicó-, dado que existe la posibilidad de que aumente la carga de trabajo para varios funcionarios que se verán forzados a hacer horas extra. Asimismo, se necesitarán más recursos en caso de que lleguen a utilizarse los grilletes o pulseras electrónicas para controlar a las personas con prisión domiciliaria.

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