Justicia, lenta y dócil para políticos, pero dura y pronta para “comunes”

Política 12 de mayo de 2019 Por
El poder político sigue siendo determinante a la hora de someterse a un proceso penal. Mientras que algunos van presos por robar botellas de agua, otros pueden congelar por años sus causas.
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María Olga Santacruz fue detenida por supuestamente intentar hurtar ocho botellas de champú de un negocio en Fernando de la Mora, en junio de 2017. Fue privada de su libertad dos meses. El resto del tiempo que duró el proceso tuvo que viajar cada mes, desde su casa en Ciudad del Este hasta el Juzgado de Fernando de la Mora. El caso llegó a juicio oral y semanas atrás un Tribunal de Sentencia absolvió a la mujer. La defensora pública Liz Paola Mongelós lamentó que el caso haya llegado a esta instancia y advirtió, que nadie devuelve a su defendida los dos meses que pasó con prisión preventiva.
La jueza Letizia Paredes indicó que intentó que las partes lleguen a un acuerdo para alcanzar una salida alternativa al proceso, pero no hubo caso. Además señaló que una vez que la Fiscalía General emitió un dictamen ratificándose en la acusación, la ley la obligaba a elevar el caso a juicio.

José María Ibáñez admitió ante un juez haber hecho figurar como funcionarios del Congreso a tres caseros de su quinta privada en Areguá, que en realidad, no prestaban servicio alguno al Estado. Sus respectivos salarios públicos eran depositados y cobrados mensualmente por la esposa de Ibáñez. Luego de casi cinco años de proceso, un juez decidió otorgarle una suspensión condicional de procedimiento, con lo cual, luego de hacer varias donaciones para reparar el daño, quedaría sin antecedentes penales, libre de culpa y pena.

Un elemento clave para entender la disparidad en el trato de la Justicia, es que en ese entonces Ibáñez era diputado y María Olga no.

ASIMETRÍA. Estos son solo dos casos que reflejan la asimetría existente en el Poder Judicial: Políticos y personas con poder económico logran alargar durante años sus procesos e incluso, en varios casos reciben penas exiguas, mientras que, ciudadanos comunes están expuestos a que la Justicia no solo sea excesivamente dura con ellos, sino también precipitada y negligente.

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En contrapartida, el ex senador y actual parlasuriano Enzo Cardozo está acusado por la Fiscalía de haberle causado un perjuicio al Estado de más de G. 70 mil millones, que estaban destinados a la asistencia a comunidades agrícolas. En cinco años de proceso, el político liberal ni siquiera se sometió aún a una audiencia preliminar para que un juez decida si sus casos irán a juicio.

Siguiendo el mismo camino, el diputado colorado por Paraguarí, Tomás Rivas, logró congelar casi un año el proceso en su contra, por un caso calcado al de Ibáñez: Hizo figurar como funcionarios en el Congreso a tres personas que trabajaban exclusivamente en propiedades de su familia. Tras ser imputado, el legislador apeló el pedido de desafuero realizado por un juez a la Cámara Baja, y a la par, los abogados de los otros procesados presentaron distintos incidentes. La Corte permitió que el caso se estanque por ocho meses.

De los once legisladores que iniciaron el actual periodo parlamentario, procesados por hechos punibles, solo uno está preso: Óscar González Daher, quien fue por enriquecimiento ilícito, tras el destape de audios que revelaban cómo manejaba a jueces y fiscales. Posteriormente, el político colorado fue destituido.

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